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Próximamente se cumplirán 5 años de la promulgación de la Ley 29719 y 4 años de la aprobación del DS Nº 010-2012-EDU, Reglamento de la Ley 29719 que, como lo proponíamos, resultó ser un instrumento más avanzado en sus contenidos y promotor de la convivencia democrática. Deploramos que los psicólogos no hayan sido tomados en cuenta como lo demandaba la Ley y el Reglamento, y lamentamos más aún que las escuelas se encuentren huérfanas de políticas de convivencia democrática.

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Estimados/as colegas:

Llegando al XXXVI Aniversario de la creación del Colegio de Psicólogos del Perú, nos encontramos con un campo laboral y profesional cada vez más extenso porque las demandas sociales nos reclaman presencia, sin embargo la formación inicial en las universidades y la responsabilidad de la institución profesional para compatibilizar esas demandas sociales con la competencia necesaria aún está aguardándonos.

No existe persona ni grupo social que pueda prescindir de nuestros servicios profesionales porque los recursos humanos son y serán el más valioso capital social para toda tipo de empresas. Perseveremos en promover la calificación de nuestra actividad profesional, ahora.

Un abrazo y FELIZ DIA DEL PSICOLOGO

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Estamos próximos a que más de ocho millones de niños, niñas y jóvenes retornen a las aulas para el inicio de un nuevo año escolar. Con su acostumbrado alarde y estridencia, el 18 de Diciembre del 2015 el MINEDU ha emitido la Resolución Ministerial Nº 572-2015-MINEDU, Normas y Orientaciones para el Desarrollo Escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Regular, que en sus 36 páginas apenas le dedica UNA página a la Gestión de la Convivencia Escolar, en el denominado  Compromiso 5.
Se dice allí que el equipo directivo, los profesores coordinadores de los programas educativos y la comunidad educativa tienen la obligación de velar por una gestión democrática, participativa, inclusiva e intercultural para prevenir todo tipo de violencia escolar y aplicar estrategias que motive relaciones armónicas. Otro punto destacado de este Compromiso 5 es el de prescribir la conformación del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, la que debe estar integrada por el/la Director/a, el/la Coordinador/a de Tutoría, el Responsable de Convivencia, los Tutores de aula, el/la psicólogo/a, representantes de los auxiliares y representante de los alumnos.
Antes de pasar a comentar el Compromiso 5, queremos hacer unas preguntas a las autoridades educativas:

  1. ¿Qué ha pasado con la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, promulgada en el mes de Junio del 2011?
  2. ¿Y la Resolución Suprema Nº. 010-12-EDU, Reglamento de la ley 29719 y aprobada en el mes de Junio del año 2012?

Más allá de las notorias y explicables limitaciones que se encuentran en la Ley 29719, este cuerpo legal reconocía la existencia del bullying y otras formas de acoso que venían dañado la salud y la seguridad de los estudiantes y proponía medidas para controlarlo y eliminarlo aunque al precio de emplear  medidas punitivas que siempre cuestionamos; y proponía, además, la incorporación de profesionales de la psicología en las instituciones educativas para hacerse cargo de acciones de prevención y orientación que concretaran una relación de armonía basada en el respeto y la equidad.
El Reglamento, elaborado y aprobado por profesionales especialistas en el tema, es un cuerpo normativo de buena calidad y en él se describe con mayor prolijidad la Convivencia Democrática y sus bondades. Quienes participamos en la Comisión del Reglamento sabemos bien que a la alta dirección del MINEDU no le agradaron los alcances que ofrecía el Reglamento  y retrasaron lo que pudieron su aprobación y publicación y posteriormente frenaron su aplicación hasta que se diera una Directiva de la Alta Dirección, que nunca salió.
¿Qué implicancias ha tenido para las instituciones educativas y para los escolares que el MINEDU haya  desacatado los mandatos contenidos en las dos normas legales aludidas? En el tiempo que media entre la promulgación de la Ley y la aprobación del Reglamento se han producido nueve suicidios y un homicidio, entre las consecuencias más funestas; porque los maltratos físicos y verbales, el pánico para asistir al colegio o el vivir un clima de inseguridad e infelicidad en el aula son abrumadores en las instituciones educativas, aunque no alarmen ni creen alborotos mediáticos como los suicidios. Tampoco creemos que debamos  olvidar el empobrecimiento académico que provoca la violencia e inseguridad en la escuela, muchos de cuyos casos culminan con la injusta desaprobación de año o en una deserción escolar que condena a la nada o al hambre a los niños y jóvenes excluidos.
No nos engañemos con pretextos vacuos: no existen niños ni jóvenes a quienes no les guste aprender. No existe ser humano a quien le desagrade aprender. Existen personas, de toda edad, que le temen a las condiciones de inseguridad, autoritarismo e impunidad que le ofrecen como espacio de convivencia y aprendizaje.
En cuanto a la Resolución Ministerial Nº. 572-2015-MINEDU y su Compromiso 5:

  1. El Compromiso 5 es un mandato carente de legalidad porque existen normas de mayor jerarquía y antigüedad que la Resolución que lo promueve.
  2. Es cierto que el personal directivo, docente y auxiliar tiene un importante papel en la eliminación de la violencia relacional en las instituciones educativas, siempre que ellos cuenten con la formación y capacitación necesarias, las que el MINEDU ha descuidado por completo pero responsabiliza a los docentes de la violencia en la escuela.
  3. El Compromiso 5 asigna a los docentes y demás, el empleo de estrategias para una gestión democrática y participativa para la prevención de la violencia. Debemos suponer que se refieren a la convivencia, la que consideran  la estrategia estrella para eliminar la violencia escolar. ¿Esto quiere decir que el Compromiso 5 solo se preocupa de la violencia y convivencia escolar? ¿Y la violencia y convivencia de los directivos, docentes, auxiliares y padres de familia no cuenta? ¿De qué participación e inclusión hablan?
  4. La función del Comité de Convivencia Democrática está prevista en el Reglamento de la Ley 29719 y el MINEDU debe recoger y aplicar los preceptos allí señalados, en donde también se indica que el MINEDU es el organismo responsable de hacer cumplir  su contenido legal. El híbrido que nos presenta en el Compromiso 5 al que llaman  Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar expresa una clara ignorancia de los alcances de la convivencia respecto a la tutoría y la orientación educativa.
  5. La violencia en la escuela es un problema social del que no es ajena ninguna institución educativa, no obstante el Compromiso 5 es exigible solo para las instituciones públicas. ¿Es que no les preocupa la situación de las víctimas de los colegios particulares, algunos de los cuales niegan en todos los tonos de que en su institución  existe el bullying?

Exhortamos a la sociedad civil, a las instituciones profesionales, a los padres de familia, a los docentes y directivos, a los medios de información y a todos los ciudadanos en general a demandar a las autoridades educativas el cabal cumplimiento de la Ley 29719 y su Reglamento, a la constitución del Comité de Convivencia Democrática en todas las instituciones educativas del país, a impulsar un intenso y sostenido programa de capacitación para docentes, padres de familia y estudiantes; como segura garantía de alcanzar un clima de bienestar y satisfacción que coadyuve en la mejora de la calidad de vida de todos los estudiantes y docentes y propicie oportunidades de aprendizaje de calidad para todos.
 
                                                                            Julio César Carozzo C.
                                                                                    Presidente
                                               Observatorio sobre la Violencia Y Convivencia en la escuela
                     

Por Alejandro Castro Santander
Luego de confirmado un nuevo gobierno nacional, necesitamos hacer un esfuerzo para recordar las innumerables promesas acerca de los distintos aspectos que hacen a la vida de los ciudadanos. La educación es uno de esos temas que, más allá de que la población no lo considere prioritario (entre diez temas ocupa actualmente el octavo lugar), sabemos de su trascendencia no sólo para el desarrollo personal y social de los chicos sino también de toda una nación.
Muchos diagnósticos y muy pocas coincidencias según quién se perjudica o quién se beneficia, pero, la realidad muestra a nuestro país con resultados que ponen en evidencia su deficitaria educación escolar. Tanto las pruebas internacionales (PISA) como las realizadas en nuestro continente (TERCE) nos están diciendo que nuestros estudiantes no están aprendiendo lo suficiente y que aquellos países de la región que antes no estaban bien hoy, con la innovación educativa pertinente e inversión inteligente, van cumpliendo con sus objetivos formativos.
Sabemos que para salir de la pobreza se debe tener acceso a la educación, pero no de cualquier forma, sino de calidad. Eso significa terminar los dos ciclos obligatorios, pero nuestra realidad indica que sólo 44,7% de los jóvenes finaliza el secundario y muchos de los que lo hacen carecen de muchas de las competencias necesarias para ingresar y permanecer, no sólo en los estudios superiores, sino también en un mundo del trabajo cada vez más competitivo. Extendiendo la mira, necesitamos contar con la familia y con los mejores docentes, ya que no se puede ofrecer calidad educativa sin docentes de calidad.
En conclusión podríamos decir que una sociedad, a nivel político o ciudadano, para la cual lo educativo no es prioritario, es una sociedad condenada a la violencia y al atraso de todos sus ámbitos. Para superar esto es necesario, como mínimo, el replanteamiento de las políticas educativas actuales y un proceso de alfabetización para aquellos políticos y profesionales que vienen liderando estos procesos, ya que, de lo contrario, no es posible pensar en otro tipo de educación.
Ya hemos realizado demasiada cosmética superficial con la escuela; es hora de programar una profunda cirugía, no sólo para alcanzar la calidad, sino también la credibilidad de todo el sistema educativo argentino. Si el lema que muchos deseamos es el del cambio, la buena educación produce el mejor cambio posible: buenas personas y los mejores ciudadanos para un mejor país.
Podemos, ¿queremos?
*Psicopedagogo institucional, docente, investigador, escritor.

El Viernes 30 de Octubre, en la Sala Porras Barrenechea del Congreso de la República, tuvo lugar una sesión en la que se analizaría el impacto de la ley 29719 desde su promulgación a la fecha. En la primera mesa estuvieron los representantes del MINEDU, INDECOPI y la Defensoría del Pueblo, instituciones a las que la ley les concedía facultades y responsabilidades para abordar el bullying y otras modalidades de acoso en la escuela. También estuvo presente un representante del Consejo Nacional de Educación, Martín Vega, que se desempeño como Vice Ministro del MINEDU an la administración de Patricia Salas.
En la segunda mesa participaron tres alcaldes escolares, una representante del Grupo Calandria y el Presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela. 
Nos parece que quienes tenían que ofrecer la mayor información sobre lo realizado en las instituciones educativas a partir de la promulgación de la Ley 29719, era el MINEDU, e incluso el representante del Consejo Nacional de Educación por haberse desempeñado como Vice Ministro, pero fue muy poco lo que ofrecieron, reiterándose en la sobrevaloración que le dan a la plataforma virtual SiSeVe como una acción para intervenir el bullying. Se deslizo, eso sí, la vocación oficial de modificar la ley 29719, pero si sustentar el porque de los cambios que se proponen aprobar.
Desde aquí exhortamos a las autoridades educativas y al Congreso de la República la realización de un  encuentro en donde se examine, con presencia y participación de los especialistas, las enmiendas que se pretenden efectuar en la ley 29719.

«El proyecto se fue poniendo en marcha aleatoriamente en los colegios finlandeses», cuenta Christina Salmivalli, profesora de Psicología en Turku y una de las creadoras de KiVa. La universidad realizó, unos años después, un estudio para evaluar cómo se iba desarrollando el programa. Los resultados fueron espectaculares. «Fue el mayor estudio realizado en Finlandia. Participaron 234 centros de todo el país y 30.000 estudiantes de entre 7 y 15 años. KiVa había logrado reducir todos los tipos de acoso en los colegios. Los casos de acoso escolar desaparecieron en el 79% de las escuelas y se redujeron en el 18%», explica la profesora.
Sólo con un año de implantación los investigadores comprobaron que en algunos cursos el número de niños acosados bajó incluso un 40%. Pero además se llevaron una grata sorpresa al constatar que «KiVa también aumenta el bienestar escolar y la motivación por estudiar, al mismo tiempo que disminuyela angustia y la depresión», dice Salmivalli.
A diferencia de otros modelos que se centran exclusivamente en la víctima y el acosador, «KiVa intenta cambiar las normas que rigen el grupo —indica la profesora—. Dentro del grupo están los otros, esas personas que no acosan, que observan, que son testigos y que se ríen. A través de esa comunicación no verbal transmiten el mensaje de que lo que pasa es divertido o está bien, aunque tengan una opinión diferente. No hay que cambiar la actitud de la víctima, para que sea más extrovertida o menos tímida, sino influir en los testigos. Si se consigue que no participen en el acoso, eso hace cambiar la actitud del acosador. El objetivo es concienciar de lo importante de las acciones del grupo y empatizar, defender y apoyar a la víctima».

KiVa complementa su estrategia práctica con una serie de lecciones teóricas. Los alumnos de los colegios reciben clases a los 7,10 y 13 años para aprender a reconocer el acoso y trabajar para evitarlo. Los padres juegan un papel fundamental y los colegios organizan charlas para ayudarles a enfrentarse a problemas de acoso en sus hijos. Además, un buzón virtual recoge las denuncias anónimas de las víctimas o de los testigos del acoso.
Tres profesores de cada escuela forman el denominado equipo KiVa. Estos tres adultos son los encargados de gestionar cada caso concreto de bullying. El papel de este equipo es fundamental apoyar a la víctima y persuadir a los acosadores para que detengan sus ataques. Un 98% de los estudiantes cuya situación de bullying fue interceptada por un equipo KiVa, aseguró que su situación había mejorado.

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Finlandia ha diseñado el modelo definitivo para combatir eficazmente bullying. KiVa -del finlandés  Kiusaamista Vastaan (contra el acoso escolar)– es el programa estrella que ha sido importado por diferentes países tras el éxito rotundo cosechado en el país nórdico.
El revolucionario modelo finlandés busca atacar la lacra del acoso desde el núcleo del problema, el grupo de menores. Cuando se producen situaciones de bullying o ciberbullying existen tres tipos de actores: el acosador, la víctima y los testigos. KiVa centra su acción en este último grupo. Una simple risa de aquellas personas que observan el ataque puede hacer creer al acosador que nada de lo que hace está mal y alentarle a continuar con sus conductas dañinas. La clave del método es lograr que los testigos no participen en el acoso, que empaticen y defiendan a la víctima. De esta manera el acosador puede comprender que sus actitudes no son correctas y se verá obligado a corregirlas.
Los datos hablan por sí solos. Tras su implantación desde 2007, fecha en la que nació el programa, en un 90% de los colegios del país las cifras de acoso a menores en las aulas ha descendido drásticamente. Un estudio en 234 escuelas de Finlandia liderado por la Universidad de Turku, institución precursora del programa, ha revelado que KiVa fulminó el acoso en un 79% de las escuelas y lo redujo en otro 18%. Tras un año de implantación, se descubrió que la cifra de niños atacados en los colegios descendió en un 40%. Unos valores que hacen sombra a los tradicionales métodos antibullying centrados en la protección de la víctima por una autoridad. Estos valores, además, han ido acompañados de un aumento del bienestar en las aulas y de una mejora del rendimiento escolar de los alumnos.
 

Para el dia de hoy, 30 de Septiembre, se tenía previsto una reunión para informar y recibir opiniones sobre el ante proyecto que pretende modificar la ley 29719, conocida como Ley Antibullying.  En realidad no se trata sólo de modificar la ley, creemos nosotros, sino que el verdadero objetivo es el Reglamento de la ley, en donde el colectivo que participó en su elaboración y aprobación, concretó interesantes medidas para promover la Convivencia Democrática en las instituciones educativas con la plena participación de los estudiantes y padres de familia. Estas medidas siempre han sido escamoteadas por el MINEDU y ahora con el Banco Mundial en el control del ministerio se han propuesto eliminar todo asomo de equidad, democracia y horizontalidad relacional en las instituciones educativas. Grosso modo exponemos aquí nuestras principales observaciones, algunas de las cuales las trataremos aparte por razones de su amplitud analítica.
TEXTO SUSTITUTORIO.-
El proyecto no define quien es el organismo responsable de la convivencia democrática, pese a que le quita al CONEI esta responsabilidad,  como estaba prevista en la Ley 29719. Nos parece que debería considerarse la creación de una instancia o Ente Rector  que se haga cargo de la convivencia democrática y, congruente con el Reglamento, deberá estar integrada por docentes, estudiantes y padres de familia.
Articulo 3
En los incisos a) y b) se emplea la palabra sanción, lo que nos parece debe ser reemplazado por el de medidas o acciones correctivas. Es así como consta en el Reglamento porque consideramos que  las instituciones educativas son eso, EDUCATIVAS, no punitivas y castigadoras. Por lo demás el castigo actúa contra el infractor y su acto de violencia, no sobre los factores que promueven condiciones de riesgo e inseguridad para la ocurrencia de tales acciones. 
Artículo 6.- Dice que los profesores desarrollan estrategias de orientación que promuevan la convivencia democrática en el aula.  ¿Cada profesor lo hace según su criterio? Aquí se hace notoria la falta de un ente regulador y centralizador de las políticas de convivencia. De otro lado este artículo admite tácitamente la impertinencia de un Comité de Convivencia Democrática y delega a cada profesar esa tarea.
Artículo 7.- Nos parece el más irregular y violador de derechos profesionales. ¿Cómo pueden equiparar los roles profesionales de los psicólogos con las trabajadores sociales? El artículo debe reconocer la necesidad esencial de incorporar profesionales de la psicólogos como está previsto en la Ley 29719. 
Artículo 10.- No debe eliminarse el Libro de Registros porque para muchos padres de familia y otros, no les es fácil entrar al sistema virtual. Además hay quejas de que muchos estudiantes no pueden acceder a SiSeVe.
En la parte final (no tiene título) el articulo 3 es ilegal y prevaricador, al señalar que en casos excepcionales las instituciones educativas públicas y privadas podrán emplear egresados. Para ejercer legalmente la profesión se necesitan dos requisitos: titulo profesional y colegiación y, en este caso el proyecto en debate, la nueva ley que se pretende aprobar  autoriza la violación de leyes vigentes.
 

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Queremos proponer que el Ministro de Justicia sea una Enfermera, o egresada de enfermería, y que el Ministerio  de Economía esté a cargo de un experimentado comerciante de Gamarra. Esto causaría hilaridad, cuanto menos, pero a nadie llama la atención que el Ministro de Educación sea un  economista,  y su plana mayor de asesores sean abogados y economistas.
Se puede alegar que son expertos en administración pública y consultores internacionales del Banco Mundial, claro, pero los hechos hablan por sí mismos. El mayor empeño de este gabinete de expertos en inversión es el haber conseguido (con la complicidad del gobierno central) miles de millones de soles para el sector educación que serán destinados principalmente en la construcción, no en la mejora de la educación, en mejores sueldos para los docentes, en la incorporación de psicólogos para asesorar los programas de convivencia para mejorar el clima educativo y desacelerar la violencia en la escuela ni promover la capacitación del personal docente necesaria para la calidad educativa. El ministro Saavedra, y sus asesores hacen el trabajo que le encargaron que consiste es sacarle el mayor provecho al Estado en beneficio de las empresas privadas, devastando todo lo que en materia verdaderamente educativa se había alcanzado.
Ese es el problema mayor. Se tiene como Ministro de Educación a un empresario, no a un educador; se cuenta con una plana de asesores (muy bien remunerados) que en su mayoría tampoco son docentes y son quienes definen el rumbo de la educación en el país. Pobre país¡.