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Para el dia de hoy, 30 de Septiembre, se tenía previsto una reunión para informar y recibir opiniones sobre el ante proyecto que pretende modificar la ley 29719, conocida como Ley Antibullying.  En realidad no se trata sólo de modificar la ley, creemos nosotros, sino que el verdadero objetivo es el Reglamento de la ley, en donde el colectivo que participó en su elaboración y aprobación, concretó interesantes medidas para promover la Convivencia Democrática en las instituciones educativas con la plena participación de los estudiantes y padres de familia. Estas medidas siempre han sido escamoteadas por el MINEDU y ahora con el Banco Mundial en el control del ministerio se han propuesto eliminar todo asomo de equidad, democracia y horizontalidad relacional en las instituciones educativas. Grosso modo exponemos aquí nuestras principales observaciones, algunas de las cuales las trataremos aparte por razones de su amplitud analítica.
TEXTO SUSTITUTORIO.-
El proyecto no define quien es el organismo responsable de la convivencia democrática, pese a que le quita al CONEI esta responsabilidad,  como estaba prevista en la Ley 29719. Nos parece que debería considerarse la creación de una instancia o Ente Rector  que se haga cargo de la convivencia democrática y, congruente con el Reglamento, deberá estar integrada por docentes, estudiantes y padres de familia.
Articulo 3
En los incisos a) y b) se emplea la palabra sanción, lo que nos parece debe ser reemplazado por el de medidas o acciones correctivas. Es así como consta en el Reglamento porque consideramos que  las instituciones educativas son eso, EDUCATIVAS, no punitivas y castigadoras. Por lo demás el castigo actúa contra el infractor y su acto de violencia, no sobre los factores que promueven condiciones de riesgo e inseguridad para la ocurrencia de tales acciones. 
Artículo 6.- Dice que los profesores desarrollan estrategias de orientación que promuevan la convivencia democrática en el aula.  ¿Cada profesor lo hace según su criterio? Aquí se hace notoria la falta de un ente regulador y centralizador de las políticas de convivencia. De otro lado este artículo admite tácitamente la impertinencia de un Comité de Convivencia Democrática y delega a cada profesar esa tarea.
Artículo 7.- Nos parece el más irregular y violador de derechos profesionales. ¿Cómo pueden equiparar los roles profesionales de los psicólogos con las trabajadores sociales? El artículo debe reconocer la necesidad esencial de incorporar profesionales de la psicólogos como está previsto en la Ley 29719. 
Artículo 10.- No debe eliminarse el Libro de Registros porque para muchos padres de familia y otros, no les es fácil entrar al sistema virtual. Además hay quejas de que muchos estudiantes no pueden acceder a SiSeVe.
En la parte final (no tiene título) el articulo 3 es ilegal y prevaricador, al señalar que en casos excepcionales las instituciones educativas públicas y privadas podrán emplear egresados. Para ejercer legalmente la profesión se necesitan dos requisitos: titulo profesional y colegiación y, en este caso el proyecto en debate, la nueva ley que se pretende aprobar  autoriza la violación de leyes vigentes.
 

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Queremos proponer que el Ministro de Justicia sea una Enfermera, o egresada de enfermería, y que el Ministerio  de Economía esté a cargo de un experimentado comerciante de Gamarra. Esto causaría hilaridad, cuanto menos, pero a nadie llama la atención que el Ministro de Educación sea un  economista,  y su plana mayor de asesores sean abogados y economistas.
Se puede alegar que son expertos en administración pública y consultores internacionales del Banco Mundial, claro, pero los hechos hablan por sí mismos. El mayor empeño de este gabinete de expertos en inversión es el haber conseguido (con la complicidad del gobierno central) miles de millones de soles para el sector educación que serán destinados principalmente en la construcción, no en la mejora de la educación, en mejores sueldos para los docentes, en la incorporación de psicólogos para asesorar los programas de convivencia para mejorar el clima educativo y desacelerar la violencia en la escuela ni promover la capacitación del personal docente necesaria para la calidad educativa. El ministro Saavedra, y sus asesores hacen el trabajo que le encargaron que consiste es sacarle el mayor provecho al Estado en beneficio de las empresas privadas, devastando todo lo que en materia verdaderamente educativa se había alcanzado.
Ese es el problema mayor. Se tiene como Ministro de Educación a un empresario, no a un educador; se cuenta con una plana de asesores (muy bien remunerados) que en su mayoría tampoco son docentes y son quienes definen el rumbo de la educación en el país. Pobre país¡.

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Como ya lo hemos comentado, el MINEDU y los legisladores preparan modificaciones a la Ley 29719 con el propósito de mejorarla, lo que en principio no nos parece mal. Todas las normas legales son siempre incompletas porque la dinámica social las deja anacrónicas muy rápidamente y su aplicación por jueces de dudosa competencia moral y racional llegan a ser calculadas arbitrariedades para las partes.
El anteproyecto de esta modificación que se pretende aprobar contiene un artículo que debe preocupar a la ciudadanía y a los profesionales, por que configura una prueba de lo que puede ser capaz el tenebroso maridaje entre  la ignorancia y el abuso de poder.
El artículo 3, que lleva por Título Contratación progresiva de Profesionales, en su segundo parágrafo dice: "En los lugares donde aún no exista un profesional de Psicología o Trabajo Social, excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas pueden celebrar convenios para la designación de egresados de las citadas carreras profesionales"
El Decreto Ley Nº 23019, ley de creación del Colegio de Psicólogos del Perú, en sus Artículos 2 y  3 indican que para ejercer como psicólogo son necesario dos requisitos: el título profesional y el registro de colegiatura. La mismo ley en el Artículo 4 expresa que uno de los fines del C.Ps.P. es "regular la práctica profesional".
Tenemos, entonces, que el MINEDU y el Congreso pretenden legitimar el ejercicio ilegal de la profesión, con lo que atropellan los derechos de los profesionales de la psicología. ¿Y el Colegio de Psicólogos del Perú y su responsabilidad de proteger el ejercicio legal de la profesión?