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Hace algunos años, la destacada educadora e investigadora ecuatoriana Rosa María Torres, que llegó a ser Ministra de Educación del Ecuador, afirmaba que si los hijos de los presidentes, de los ministros, de los altos funcionarios del estado y de las empresas privadas, de la alta oficialidad, de los diplomáticos, etc., estudiaran en colegios públicos, otra sería la realidad de la educación pública. Pero como esto no es así, el Estado no ha mostrado nunca interés en mejorar cualitativamente la realidad de los centros educativos públicos, los que se tornan más precarios en materia educativa y deviene en crisol de insatisfacciones, frustraciones y relaciones de violencia entre estudiantes y docentes. Esto no quiere decir que la violencia y el bullying existen sólo en la escuela pública, sino que es en ella donde el Estado tiene las mayores responsabilidades sociales y, al mismo tiempo, es en ella en donde expresa con mayor crudeza su insensibilidad.

La creciente violencia en las escuelas, con el bullying y el ciberbullying como sus expresiones mayores, es fruto de una conjunción de reconocidos factores de riesgo que se mantienen intocables y pretendidamente invisibilizados: (a) la existencia de un modelo social excluyente y perverso que gratifica la intolerancia y normaliza el empleo de la violencia para el logro del ascenso social, (b) la institucionalización de la corrupción, el chantaje y la extorsión como medios de resolución de conflictos, (c) la existencia de medios de comunicación que estimulan una violencia primitiva, truculenta y morbosa como espectáculo para niños, niñas y adolescentes, (d) escuelas y autoridades educativas indolentes y permisivas frente a sucesos de maltrato y humillación, a los que  catalogan como normales entre los estudiantes, (e) padres de familia que no comprenden aún la importancia de su involucramiento en el proceso educativo para la vida de sus hijos y (f) la alarmante pasividad de toda la comunidad ante los suicidios de niños y niñas desprotegidos que optan por decisiones irreversibles porque no hallan un halo de solidaridad y apoyo en su entorno.  Atender estos problemas requiere una voluntad y sensibilidad política que no se divisa en las autoridades del Estado ni del MINEDU.
¡Enrolate a la campaña de firmas por el cumplimiento de la Ley 29719¡¡ 
 

La violencia en la escuela y el bullying constituyen un problema de salud social que rebaza largamente el escenario escolar y, por ende, su atención no puede ceñirse al ejercicio profesional de docentes y psicólogos direccionado básicamente a controlar a los agresores y prestar ayudar a las víctimas. Esta percepción, que sigue siendo dominante en las iniciativas interventivas que se promueven desde casi todas las instituciones preocupadas del tema, alienta el empleo de recursos “curativos” que resultan peores que la enfermedad. Para la reducción del bullying y la violencia en la escuela se necesita de un complejo y sensible proceso de educación social donde la convivencia democrática –que sigue ausente en nuestra realidad social y educativa- se convierta en el pivote de la transformación de las personas y de las relaciones entre ellas (estudiantes, docentes y padres de familia).

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¿Que podemos hacer los educadores, psicólogos y padres de familia ante la indolencia del MINEDU? Nuestra pasividad, hasta ahora, solo ha conseguido que las autoridades educativas sigan de espaldas a las condiciones de riesgo en que viven los escolares. Las medidas legales que se han aprobado han sido fruto de exigencias de las organizaciones preocupadas de la violencia institucionalizada en las escuelas, entre las que se ha contado siempre el Observatorio.
Ahora emprenderemos una campaña de recolección de firmas, todas las que sean posibles entre los padres de familia, psicólogos, profesores y estudiantes, para demandar que el MINEDU cumpla con los mandatos de la Ley y el Reglamento, entre los que destacan: (1) la instalación de la Convivencia Democrática en la escuela y (2) la incorporación de por lo menos 1 profesional de la psicología en cada institución educativa.
El 100% de la población escolar se encuentra en riesgo de ser víctima del acoso directo y virtual. ¿Lo vamos a seguir permitiendo? ¿Cuantos muertos mas deben poner los estudiantes para que las autoridades educativas tomen medidas de prevención y educación para la convivencia? Enrólate a la campaña de recolección de firmas.

¿Si la Ley 29719 admite la importancia de los profesionales de la psicología para el trabajo de la prevención de la violencia escolar, porque hasta el momento el MINEDU, encargado de la aplicación de la Ley, no ha convocado la intervención de tan valiosos profesionales? Creemos que su indiferencia tiene una sola lectura: no tiene interés en mejorar las condiciones que mejoren el clima de las instituciones educativas. Se han asignado millonarios recursos para mejorar la infraestructura física de las escuelas, pero para la mejora de las columnas psicológicas y morales de los colegios, el MINEDU calla en todos los idiomas, mientras la violencia campea impunemente en las instituciones educativas.