El presidente del Observatorio en la Cátedra Perú.

A decir del doctor Julio Carozzo Campos, presidente del Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela, el Ministerio de Educación es el llamado a dar cumplimiento a la Ley N° 29719 “Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas” (Ley Antibullying), reconociendo que éste es un problema serio y de inmediata intervención.

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La ley indica, por ejemplo, que los psicólogos deben ser incorporados en cada centro educativo y que la convivencia debe constituirse en el elemento fundamental para contrarrestar y revertir los efectos del Bullying entre los estudiantes.

En relación a la presencia de profesionales de la Psicología en los centros de enseñanza, Carozzo  Campos  precisa que existe una amplia  desventaja  entre los colegios privados  y públicos, sobre todo porque los primeros tienen capacidad para contratar a un psicólogo y en los otros el Ministerio de Educación aún no ha creado las plazas de contrato ni asignado presupuestos para la compensación de los servicios psicológicos.

“El año pasado nos reunimos con la ministra de Educación Patricia Salas para hacerle llegar nuestras preocupaciones. Ella nos dijo, lo cual es cierto, que para este año no era posible la asignación de ningún presupuesto porque el gobierno anterior ya había distribuido el gasto, de modo tal que recién el próximo año se estaría efectivizando la contratación de psicólogos para los colegios públicos. En realidad desconocemos si se está trabajando en el tema, pero de antemano sabemos de un franco desinterés en asumir con plenitud la intervención contra el bullying en las escuelas”, señala.

El presidente del Observatorio justifica esto último debido a la falta de psicólogos en nuestro país. En el Perú existen aproximadamente 80 mil escuelas y poco más de ocho millones de estudiantes de educación básica regular. “Creemos que en la medida de las posibilidades debería contratarse a los profesionales en psicología disponibles en el país, pero también capacitar a los docentes y tutores para que asuman una función complementaria al trabajo de los psicólogos y preventiva hasta donde les sea posible”, indica Carozzo Campos.

Renuncia a la responsabilidad

El profesional, quien participó en el equipo consultivo del proyecto de la Ley Antibullyin g, y en la Comisión encargada de la elaboración del Reglamento refiere que erróneamente se piensa que los  alcaldes,  policías,  fiscales  y defensorías  escolares pueden accionar  exitosamente frente al problema de la violencia. Si bien tienen capacidad de comunicar lo que sucede al interior de las aulas, ellos no pueden – afirma – suplir el rol que compete a los profesionales de la psicología   y   al Ministerio de Educación preparando mejor a los docentes y personal administrativo.

“Lo que se debe procurar es la institucionalización de la convivencia en la escuela, no la convivencia escolar aunque pueda parecer lo mismo. La diferencia está en que la convivencia escolar se limita a los estudiantes, en cambio la convivencia en la escuela integra a todos los agentes educativos, desde los estudiantes hasta   los padres de familia; a la comunidad educativa en general. Esto, ni siquiera por asomo se está intentando hacer y parte porque el Ministerio de Educación está renunciando a su responsabilidad que le señalan las normas legales   y   deja que otras instituciones sean las que lideren el proceso de hacer algunos aportes para el cambio, tal como está sucediendo con las Defensorías Escolares, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud my algunos gobiernos locales, todos ellos sin la necesaria articulación y con una tibia participación del Ministerio de Educación, concluye.

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