Marco legal y bullying

En el suplemento Mi Hogar de El Comercio, del  Domingo 2 de Junio, se publicó una información bajo el título de “Un freno al acoso virtual”, en donde se glosa la opinión del abogado Marco Seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, quien declara sobre la normatividad referida al bullying y ciberbullying y afirma que “toda persona que sepa de este tipo de actos puede denunciarlos ante el Consejo Educativo Institucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, la Fiscalía de Prevención, la Fiscalía de Familia y Policía Nacional del Perú”

La Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, no contiene ningún artículo que señale a la Fiscalía de Familia, a la Fiscalía de Prevención, a la Defensoría del Pueblo ni a la Policía Nacional del Perú como las instancias a donde se deben formular denuncia por la ocurrencia del bullying y el ciberbullying. El Artículo 4 del referido cuerpo legal prescribe que el Consejo Educativo Institucional (Conei) es quien debe realizar las “acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones”; y en su Artículo 12, expresamente la norma señala que “Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir la asistencia especializada”

En cuanto a la referencia al rol de la Defensoría del Pueblo (Artículo 9), ésta debe hacer un seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y, se le faculta también, a realizar las acciones y estudios necesarios para determinar el nivel de propagación de las prácticas de violencia y acoso entre estudiantes en las instituciones educativas, lo que es ratificado en el Artículo 20 del DS Nº. 010-2012-ED, Reglamento de la Ley 29719.

No entendemos de donde el abogado Seminario ha sacado que el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Fiscalía de Familia son entes a donde se debe acudir para denunciar los hechos de bullying y ciberbullying.

Las estrategias que se vienen formulando para abordar el bullying, el ciberbullying y las otras variedades de violencia relacional que ocurren entre estudiantes, están muy lejos de considerar su judicialización e, incluso, la implementación de medidas represivas que afectan a quienes estén involucrados en estos sucesos, pese a que no son pocas los voces que reclaman enérgicas sanciones contra los agresores, descuidando que lo suyo es una de las tantas modalidades irracionales de violencia que se consideran eficaces.  Esa estrategia de prevención y de naturaleza educativa que contempla la Ley y la desarrolla con mayor prolijidad el Reglamento, es la Convivencia Democrática. No se trata de una directiva desde las alturas para que los estudiantes la respeten y acaten, a lo que se está acostumbrado, sino más bien, es una modalidad de participación de todos quienes forman parte del claustro y que en un plano de respeto igualitario y equitativo, deciden consensualmente cuáles deben ser las normas de convivencia que se deben implementar convencidos de su entraña educativa y transformadora.

Deploramos que aún perseveren este tipo de propuestas que alimentan la polarización y la confrontación entre los miembros de la institución educativa, lesionen los intentos de promover la cohesión en base a la solidaridad y el respeto a los derechos de las personas y busquen que forjar y robustecer una institución educativa autoritaria, convergente y anti democrática.

                                                                                          Julio César Carozzo C.

                                                                                                   Presidente

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